La noticia era conocida el pasado mes de julio. A pesar de los delitos de prevaricación, malversación de fondos, falsedad, fraude y blanqueo de capitales por los cuales está imputado, Telefónica ha renovado su contrato laboral al yerno del Rey. Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina de Borbón, continuará siendo el delegado de Telefónica en Estados Unidos por lo cual percibirá 1,5 millones de euros anuales y 2 millones en concepto de retribuciones, además de hacerse cargo de los gastos de alquiler de su vivienda, decoración, billetes de avión, parque móvil y escolta. Urdangarín es, desde luego, un privilegiado. Millones de conciudadanos suyos totalmente inocentes de cualquier delito y sin imputaciones pendientes, con salarios bajísimos y condiciones precarias, obligados a jubilarse a los 67 años y sujetos a medidas de descenso de salarios, aumento de precios y recortes en sus derechos, ven día a día como se prescinde de ellos en sus respectivas empresas debido a la situación económica y laboral española en la que nos han dejado políticos, financieros, aprovechados y especuladores, una situación de cuya responsabilidad no son ajenas precisamente entidades como la multinacional Telefónica/Movistar.
Nacida durante la dictadura de Primo de Rivera con capital mayoritario de la multinacional norteamericana ITT, la Compañía Telefónica Nacional de España absorbió a poco de su nacimiento la gestión de los servicios telefónicos estatales cediendo a la compañía privada las líneas e instalaciones estatales, una cesión que fue ratificada durante la República, al firmar el presidente Azaña un contrato mediante el cual la explotación de la telefonía española quedaba en manos de la multinacional americana ITT a través de la CTNE. Habrá que esperar hasta 1945 para que el Estado recuperara este pedazo de soberanía. El régimen franquista decidió inteligentemente retomar la estatalización de la Compañía en un momento en el que las comunicaciones telefónicas se desarrollaban progresivamente, Telefónica pasó apropiedad de todos los españoles. Junto a esta medida, el Estado mejoró sustancialmente las condiciones de sus trabajadores estableciendo un nuevo régimen de remuneraciones salariales y aumentando la plantilla hasta llegar en 1950 a los casi 15.000 empleados. El Estado recuperaba para sí una estratégica empresa invirtiendo importantes fondos públicos y convirtiéndola en los años siguientes en la primera empresa del país con 20.000 millones de capital y 32.000 empleados que llegarían en pocos años a 80.000, trabajadores que gozaban de un buen salario y condiciones laborales beneficiosas. La Telefónica que conocemos durante los primeros años de la democracia daba empleo a miles de españoles, tenía su propia Institución Telefónica de Previsión (ITP), era responsable de pagar una beneficiosa jubilación a sus trabajadores y cubrir las bajas laborales en condiciones superiores a las establecidas por la Seguridad Social, y con una edad de jubilación de 60 años recibiendo el 100% de las prestaciones. Algo muy alejado de las condiciones en las que hoy se encuentra cualquier trabajador y que muy pronto iba a tener su fin. Desde los últimos años del régimen anterior, diferentes entidades político- financieras trabajaron poco a poco para volver a privatizar la entidad y eliminar los beneficios de los trabajadores dela compañía, vistos como una carga para obtener más ganancias, unos trabajadores que, en un importante porcentaje, tenían los días contados. En varias ocasiones la nueva dirección de Telefónica intentó eliminar la ITP con la colaboración de UGT y CC.OO, ocupados entonces en conseguir importantes cuotas de poder político y económico a costa de los trabajadores. Fue UGT el sindicato que planteó un referéndum para disolver la ITP, supervivencia de la normativa interna de la empresa durante el antiguo régimen. Una ventaja que ,sin embargo, se mantuvo unos años más gracias al rechazo de los trabajadores a las propuestas de los sindicatos mayoritarios. 1996 es la fecha en la cual comienza el auténtico desmantelamiento de la Compañía Telefónica, una empresa que por estas fechas daba trabajo a 80.000 españoles. En 1997 la Compañía, los socios y accionistas firman con los sindicatos UGT y CC.OO el nuevo Convenio colectivo iniciando con ello un rápido proceso de reducción de plantilla a través de un plan de bajas voluntarias incentivadas por la propia empresa, medidas que se aceleran con la llegada del PP al gobierno, gobierno que malvende el paquete de acciones que el Estado aún poseía finalizando con ello la privatización total de Telefónica. A partir de ese momento , la antaño compañía pública más importante de España queda en manos de especuladores, políticos y grupos financieros para los que el beneficio económico justificará una serie de medidas destinadas a acabar con el empleo seguro y digno que daba una compañía próspera sostenida precisamente por el creciente consumo de los españoles. En 1999 el gobierno Aznar coloca al frente de la Compañía al especulador bursátil Juan Villalonga, amigo personal del presidente del gobierno, que iniciará, fiel a las consignas de ese gobierno, una época de burbuja especulativa a través de empresas ficticias como Terra, invirtiendo grandes cantidades de dinero en países sudamericanos, malvendiendo las licencias que ya poseían, pagando cantidades desorbitadas por otras licencias y comprando acciones en medios de comunicación, mientras que la dirección de la empresa firmaba un ERE con los sindicatos que afectó a más de 12.000 empleados y cuya financiación corrió a cargo de los presupuestos del Estado. Los empleados eliminados serán sustituidos por la nueva reserva laboral que supuso la filial Estratel/Atento destinada a la atención al cliente, tramitaciones y gestión comercial, una empresa en la que las condiciones de los trabajadores-en su mayoría jóvenes con alta preparación que buscaban su primer empleo-eran muy alejadas de las de los antiguos empleados de Telefónica, con un porcentaje de eventualidad del 98% y con un salario que suponía la tercera parte de la de los empleados de la Compañía. Las ganancias de la Compañía subían en virtud al nacimiento de nuevos servicios consumidos por los españoles a la par que por el importante ahorro que suponía la desmantelación del antiguo sistema de empleo y su sustitución por nuevos trabajadores en condiciones precarias dictadas por el nuevo convenio de telemarketing, trabajadores cuya ilusión y esfuerzo, pese a los bajos salarios, fueron aprovechadas convenientemente por los gestores de la multinacional. Poco antes, Villalonga vendió la filial de Telefónica Sintel a la empresa Mas Tec International, propiedad de la familia de exiliados cubanos Más Canosa (que habían apoyado económicamente la campaña electoral del PP) por 4900 millones de pesetas, suponiendo el despido de 2000 trabajadores españoles tras ser llevada a la quiebra y vendida por partes en diferentes paraísos fiscales. Paralelamente, Villalonga adquiría 198 millones de pesetas en opciones sobre acciones de Telefónica mientras negoció en secreto una fusión con la compañía estadounidense MCI-Worldcom, ganando en esta operación 21.3 millones de pesetas al vender los títulos antes de su vencimiento. Poco después se repartió con sus directivos 506 millones de euros de plusvalías de la compañía, las famosas “stock options”, justo antes de dejar la compañía, ya completamente enriquecido. El año 2007 coincidiendo con la llegada al gobierno del Partido Socialista y la gestión de Cesar Alierta, Telefónica da un nuevo paso en la destrucción de empleo, iniciando el proceso de cierres de centros de atención al cliente para deslocalizar esta función y llevarla a países sudamericanos, una maniobra que acabó con el empleo de miles de empleados españoles de las filiales de la compañía y que paso desapercibida a la opinión pública en virtud del silenciamiento de la misma por parte de prensa y sindicatos. Los nuevos empleados esta vez son trabajadores de países sudamericanos en condiciones más precarias y salarios todavía más bajos que los que percibían los trabajadores de Telemarketing de Atento y otras empresas externas. Mientras la Compañía paga salarios tercermundistas, los españoles seguimos pagando tarifas muy europeas y empezamos a acostumbrarnos a que nos atendieran personas de otros países. Los beneficios de la empresa, eso sí, enriquecen a diferentes entidades financieras privadas a costa de la pérdida de máspuestos de empleo .
Llegamos al año 2010, con la culminación del proceso especulativo de Telefónica. Tras anunciar ese mismo año que había tenido unos beneficios de 10.167 millones de euros, el mayor beneficio de una empresa “española” en nuestra historia, unas ganancias que supusieron incentivos de 450 millones de euros para sus ejecutivos y el reparto de 690 millones en dividendos. Un año después, ya en plena crisis, anunciará la eliminación del 20% de sus empleados.
Telefónica hoy, representa el resultado de cuarenta años de medidas neoliberales permitidas e incluso impulsadas por los gobiernos de turno en manos de la casta política-siempre beneficiada por estos planes destructivos (1)- con la complicidad delos sindicatos mayoritarios-también beneficiados por estas prebendas-, que han propiciado la pérdida de soberanía y de empresas públicas rentables malvendidas a multinacionales sin escrúpulos, bancos y entidades financieras en los que se enriquecen políticos retirados a cambio del empobrecimiento y precarización de nuestros trabajadores autóctonos y de la destrucción de empleo, todo ello a costa del dinero de los consumidores españoles que reciben un producto no siempre satisfactorio a un precio mucho más alto de su equivalencia y atendidos de una manera deficiente por trabajadores extranjeros, víctimas a su vez de la voracidad capitalista transnacional. Maniobras que son consecuencia también de nuestro propio sistema político económicamente capitalista que defiende el libre mercado, quedando la economía nacional a merced de los ciclos internacionales y de la oligarquía financiera. Como muestra, quedan en nuestras calles numerosos edificios vacíos de la Compañía Telefónica, tristes monumentos que su vez recuerdan que hay un número creciente de familias que tienen que devolver sus viviendas a los bancos al no poder pagar las hipotecas.
Telefónica/Movistar hoy está en manos de multinacionales sin escrúpulos, mantiene a muchos de nuestros políticos y actúa desvergonzadamente en nuestro país, no invierte en España ni crea puestos de trabajo, solo exprime nuestros bolsillos para el beneficio de entidades financieras apátridas y explota a trabajadores del Tercer Mundo. Nuestros políticos malvendieron una empresa rentable que suponía ganancias a nuestro país y que daba empleo. Ahora nuestro Estado ya no percibe esos-hoy tan necesarios-ingresos y beneficios y ha subvencionado con el dinero de los contribuyentes la destrucción de empleo. Telefónica/Movistar es uno de tantos ejemplos, como la privatización de Endesa, Tabacalera, Iberia, Argentaria, Repsol iniciadas en el gobierno González y culminadas en el de Aznar…del porqué de como nos afecta esta crisis, pero sobretodo de porqué nuestro país como otros estados europeos se encuentra hoy en una posición de gran debilidad económica y patrimonial, sin soberanía ni recursos propios, endeudado y a merced de la oligarquía financiera, sin tejido industrial ni empresas fuertes con las que hacer frente a los interesados movimientos financieros internacionales y sin capacidad de crear empleo. Los responsables: los gobiernos del PP y PSOE, los sindicatos, algunos jueces, y las empresas sin escrúpulos ni patria. Telefónica/Movistar es una de ellas. Conociendo la situación de la que el pueblo es víctima y los responsables, queda a juicio de cada uno actuar como mejor considere. Desde Area Identitaria recomendamos en este caso como en todos los demás,desenmascarar a los especuladores y políticos cómplices, dar a conocer la trama de la que nuestro pueblo es víctima, y luchar para crear nuevos espacios de poder en Europa que puedan hacer frente a estos enemigos de nuestro pueblo, recuperar la soberanía robada y tomar medidas que nos devuelvan una economía local próspera y justa, nuestro tejido industrial y comercial, la justicia social y el empleo digno.
¿Y tú? ¿quieres seguir manteniendo a la casta política, a los parásitos y especuladores y a los estafadores del poder? ¿piensas seguir votando a los partidos que nos han llevado a la ruina? ¿todavía eres de Movistar?
(1): El marido de la vicepresidenta Saenz de Santamaría (PP), el caso de Zaplana (PP), delegado para Europa con un salario de 600.000 euros anuales, Alfredo Timmerman (PP), exjefe del gabinete de la presidencia del gobierno con José Mª Aznar, Carlos López Blanco (PP), secretario de Estado de Telecomunicaciones del gobierno Aznar, Javier de Paz (PSOE), exsecretario de las Juentudes Socialistas y director general de comercio, consejero delegado, Manuel Pizarro (PP), exgerente de Endesa y diputado del PP, Narcís Serra (PSOE), vicepresidente del gobierno González y ministro de Defensa, vocal del consejo asesor en Cataluña y conejero de varias filiales (según El país, 30/04/2008), Paloma Villa (PSOE), exasesora del Grupo Parlamentario Socilaista en el Parlamento Europeo y asesora de Trinidad Jiménez, Elvira Aznar, hermana de José Mª Aznar(PP), Andrea Fabra, hija de carlos Fabra(PP), la que se felicitaba de que se recorte a los parados, Juan José Güemes, secretario de Estado de Turismo en el gobierno de Aznar …
Fuentes: Blog de evidalmartinez,blog “lasmalaslenguas”, wikipedia, El rincón del vago, Sepi.es, prensa nacional.
