En los ambientes identitarios se empieza a hablar, todavía no en la profundidad que se merece, de la llamada deslocalización empresarial, un intolerable fenómeno derivado directamente del mundialismo globalizador que amenaza gravemente la estabilidad social de los pueblos europeos. Se trata de los movimientos cada vez más frecuentes de un número en progreso de entidades empresariales que trasladan sus centros de producción y trabajo a países en vías de desarrollo o de economías emergentes en los que por lo general los derechos sociales y los salarios son mucho más bajos que los de los países desarrollados, con un objetivo principal: abaratar costes por todos los medios. En un ejercicio totalmente contrario a cualquier ética o principios, ni en su país de origen, ni en los países donde trabajan tienen como misión generar puestos de trabajo estables, ni fortalecer las redes de pequeñas empresas, ni reforzar los mercados locales, ni hacer respetar los derechos laborales y humanos más básicos, se trata de destruir tejidos y aprovecharse de situaciones económicas carenciales sin ningún tipo de oposición o freno por parte de los gobiernos vendidos al capitalismo internacional. Su misión es el generar dinero a cualquier coste , y las personas constituyen una de las materias primas necesarias para ello. En este sentido, ni los trabajadores, ni los estados a los que pertenecen son objetivo de mejora. En Europa, la acción interesada de las grandes empresas y la complicidad de los gobiernos e instituciones de la Unión Europea han favorecido una fuga de centros de trabajo cada vez mayor, elemento que se combina con una llegada progresiva de trabajadores desde países tercermundistas y una importación masiva de productos de países extraeuropeos de economías emergentes, que hacen peligrar la estabilidad social de los europeos siendo los trabajadores y las capas más desfavorecidas sus principales víctimas.
Las consecuencias de este proceso ya las padecemos: un aumento de la desocupación en los países europeos, el cierre de pequeñas empresas que no pueden competir con las empresas deslocalizadoras, la llamada “flexibilización” de las condiciones laborales que afecta unicamente a una parte de la relación de trabajo: los trabajadores, la complicidad tácita con las situaciones laborales y sociales esclavistas de los países de destino y por ende el “efecto dominó” que supone que dichas condiciones puedan ser trasladadas en un futuro a los países europeos para poder competir. También una disminución del consumo local por el abaratamiento de los precios del “producto deslocalizado” que llega a nuestras manos con mucha menor calidad debido al abaratamiento de los materiales, la falta de medidas básicas de higiene y seguridad en el trabajo, y el hecho de que la manipulación del mismo ha sido realizado por personas con menor cualificación técnica y con unas condiciones laborales y sociales escasas (mayor número de horas de trabajo, en peores condiciones y sin motivación). A todo ello habría que añadir el daño ecológico y el innecesario gasto en combustible que provocan estos movimientos.
Junto a la acción de las empresas deslocalizadoras y la complicidad permisiva de los gobiernos europeos traidores y de las instituciones mundialistas, y la inactividad de partidos y sindicatos vendidos, hay un tercer elemento que colabora en esta cadena de deslocalización. Se trata del ciudadano europeo, quien en parte por desidioso desinterés o desconocimiento, en parte por la situación de carencia a la que ha sido llevado, o por culpa de un innecesario consumismo suicida al que ha sido abocado, adquiere compulsivamente en muchos casos innecesarios productos de pésima calidad, fabricados fuera de nuestras fronteras por trabajadores que no cuentan con la más mínimas condiciones sociales, debido a que el precio es mucho más bajo. De esta manera colaboran con la ruina de nuestras industrias locales, esas, que todavía les facilitan trabajo.
Que en comunidades autónomas como por ejemplo la valenciana, industrias locales tradicionales como el mueble, el plástico y los juguetes, o los zapatos hayan prácticamente desaparecido con la llegada de los productos chinos de mucha menor calidad pero de barata adquisición por las causas que hemos comentado es terrible. Que algunos valencianos compren cítricos uruguayos en algunos grandes almacenes llega a los límites de lo esperpéntico. Igualmente podríamos hablar de las empresas de telecomunicaciones que nos atienden en las consultas de atención al cliente desde sudamérica mientras nos imponen tarifas muy europeas.
Ya hemos comentado en algunos de los textos de este blog que es necesaria una acción personal dirigida a apoyar nuestros productos y nuestra industria local frente a los productos del extranjero, una acción que debe ser compaginada con iniciativas colectivas por parte de los grupos y partidos identitarios. En este sentido, son también muy importantes las acciones políticas de relocalización del trabajo, un concepto que es necesario redefinir como inestimable propuesta política. Se trataría de imponer el concepto de preferencia a través de las entidades locales, como medio de combatir los procesos destructivos mundialistas. Cualquier institución local debe tener una agencia de fomento del empleo local, ágil y eficaz, destinada a agilizar los puestos de trabajo necesarios en cualquier localidad (privados o públicos) a través de un método de preferencias. Entre personas con la misma cualificación se debe elegir primero al autóctono y residente. En el caso de no encontrarlo en la misma localidad, se debería elegir al de las localidades vecinas siempre con un criterio de proximidad. Siempre primero el autóctono. Esto tiene muchas ventajas, el trabajador conocerá mejor el entorno de creación del producto, dispondrá de mayor tiempo de ocio al no tener que perderlo en traslados a su puesto de trabajo fuera del horario laboral, descongestionará el tráfico automovilístico, se ahorrará combustible y generará menor contaminación, añadiendo a su trabajo una mejor motivación. Al mismo tiempo, el trabajador que disfruta de un puesto de trabajo en su entorno más cercano, debería tener la obligación moral de apoyar a la industria y comercio local en la medida de lo posible. Por ejemplo el consumo de productos alimenticios locales a través del pequeño comercio local o de las cooperativas agropecuarias es la mejor alternativa, y en muchos casos, hasta más económica.
En la medida de lo posible tenemos el deber y la obligación de luchar contra la globalización y sus negativas consecuencias. Para ello, como decimos, será necesaria nuestra renuncia al consumo innecesario de productos extranjeros, nuestro apoyo personal y familiar a los productos locales, el castigo a las empresas deslocalizadoras, nuestro trabajo político a través de asociaciones y partidos identitarios, y el boicot a todos las entidades que con su colaboración traidora y cobarde participan de este proceso suicida cuyo fin es la transformación más terrible y destructiva que sufre no solo Europa, también el resto del mundo.
Ante la deslocalización, nuestra rebelión.
Area Identitaria. http://areaidentitaria.blogspot.com/
