Respuesta Estudiantil comunica su total rechazo a la nueva ley 34/2006 que pretende imponer nuevas trabas a los nuevos abogados y procuradores. Las dos razones principales que expone el gobierno como necesarias para implantar la nueva ley son mejorar la capacidad profesional de los nuevos abogados incrementando su preparación práctica y armonizar la legislación española con el resto de la UE. El gobierno ya no sabe lo que hacer, no sabe en qué entramado inmiscuir a los nuevos abogados con tal de que no ejerzan su profesión tras haberse licenciado. La nueva ley del gobierno ordena que los licenciados en derecho deban realizar un examen estatal para obtener la habilitación profesional. El proyecto de Ley prevé que el titulado tenga que realizar de forma obligatoria un curso de formación para letrados, que consistirá en una enseñanza de postgrado de 60 créditos además de un periodo de prácticas. La nueva propuesta del gobierno incluye la obligación de pasar una prueba posterior a la carrera, al margen de las universidades, lo que supondrá la pérdida de dinero y tiempo para conseguir lo que anteriormente se conseguía con el título universitario.
Desde Respuesta Estudiantil nos preguntamos si la carencia en la capacidad práctica del alumno no se iba a solucionar con la implantación del Plan Bolonia, ya que, se suponía que el cambio en la enseñanza universitaria que conllevaba, pondría fin a la insuficiencia de los nuevos abogados y procuradores. Esta nueva iniciativa legal del gobierno evidencia su incapacidad en la gestión en cualquier ámbito social y profesional; incompetencia constatada con esta nueva ley para el ejercicio de la abogacía.
Proponemos como alternativa a la iniciativa legal el aumento en la intensión y extensión del Practicum o las prácticas que, generalmente, se realizan en todas las universidades para así elevar la capacidad práctica del alumnado requerida desde la Abogacía española. Asimismo, la ley 34/2006 habla de que “La experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante los tribunales de justicia y las demás actividades de asistencia jurídica requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la obtención de una titulación universitaria.” Es decir, que el gobierno reconoce que los españoles hemos estado a merced de abogados de medio pelo, incapaces de defender nuestros derechos ante un tribunal durante más de 30 años. De la misma manera, la ley incurre en la incoherencia de exponer que “expresando el sentir unánime de la abogacía española, los mismos han reivindicado la garantía de una formación inicial igual para todos los profesionales de la abogacía”, por lo que se constata la necesidad de haber realizado una reforma en la abogacía desde hace 30 años, y se hace ahora. Por tanto, la segunda de las razones que arguye el gobierno para la implantación de la nueva ley se basa en la pretensión de armonizar a los profesionales de Derecho españoles con los del resto de la UE. Al parecer, desde el gobierno, tan solo se atiende en la armonización con la UE en la materia que le conviene. En este sentido, creemos que el gobierno debería plantearse armonizar los salarios con países como Alemania o Francia, y que debería abandonar el incremento del gasto en educación, tanto para el Estado como para el alumnado. La ley también pretende que se cree una comisión evaluadora para garantizar la objetividad en el territorio nacional, lo que se tendrá que implementar con la creación de las correspondientes comisiones de evaluación en cada una de las CCAA españolas; iniciativa que significará más gasto para el deficitario erario público español. Pero, realmente, creemos que existe una situación de trasfondo que hace dudar de las verdaderas intenciones de la ley: y es que parece que el gobierno no sabe cómo afrontar la crisis económica y tiene que entretener a los nuevos estudiantes que irrumpen en el mercado laboral para no verse sobrepasado por su nefasta gestión en materia económica. Hay que ser muy inocente para creer que el gobierno no pretende beneficiarse de la nueva ley subrepticiamente, mediante la utilización de eufemismos y ejercitando su hipocresía habitual. No solo quieren imponer más trabas, sino que quieren que nos creamos que lo hacen por el bien de la Justicia española...
Por ello, por la incoherencia e irresponsabilidad con la que se ha elaborado la ley, desde Respuesta reiteramos nuestra oposición a la ley y felicitamos a ZP por la magnificencia de su gestión.
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